BUENOS AIRES – Tenemos la obligación, frente a nosotros mismos y a nuestra posteridad, de tomar conciencia del crucial momento que nos toca vivir; de nuestra actitud y, sobre todo, de nuestra acción personal, depende el futuro, tanto de corto cuanto de largo plazo. La viabilidad de nuestro país sólo será posible si conseguimos recuperar la Justicia, volviendo a poner la venda en su lugar y equilibrando su balanza.
Ha llegado la hora, conciudadanos, de echarnos a la calle y gritar ¡BASTA! Para explicarles, a todos y cada uno de estos nefastos personajes encargados de imponer la ley y que tanto han desvirtuado ese rol y, sobre todo, la tan honrosa magistratura con que la sociedad los ha distinguido, que nuestra paciencia ha llegado al límite.
La Argentina ha asistido, por décadas, a la inmunda prostitución de los magistrados que, de acuerdo al rol que la Constitución les asigna, debieran actuar como límites frente a los excesos del Estado ante los particulares, como custodios de su correcta aplicación y, en especial, en la persecución de la corrupción. Hoy, debido a la irrupción de la política más bastarda en el proceso de designación de los jueces, estamos sometidos todos a la voluntad de personajes inescrupulosos, impunemente enriquecidos por los favores prestados al poder de turno.
¿Cómo vamos a aceptar ser juzgados por personas tan corruptas como Freiler, Rafecas, Canicoba Corral, Casanello y tantos otros? ¿Cómo vamos a permitir que estos tránsfugas decidan sobre nuestra honra, nuestra libertad y nuestro patrimonio? ¿Tan bajo hemos caído como ciudadanos libres y soberanos que somos incapaces de resistir la degradación moral que impregna nuestra sociedad? ¿De qué estamos hechos?
¿Cómo podemos observar, sin reventar de indignación, el infame y libre pavoneo de tantos ex funcionarios, parientes, testaferros y nuevos “capitanes de empresa” enriquecidos sin explicación alguna? Las inmensas fortunas que exhiben y gastan con impudicia están construidas con dineros que nos fueron exprimidos con impuestos confiscatorios y faltan en alimentos, hospitales, escuelas, viviendas, saneamiento, caminos, rutas, vías férreas, gas y electricidad, comunicaciones y hasta defensa nacional.
¿Cómo educamos a nuestros hijos y vamos a trabajar, día tras día, si todos esos delincuentes continúan refregándonos en la cara su libertad después de haber cometidos tantos y tan graves delitos? Son los responsables directos de la enorme mortalidad infantil en el norte y, también, de la monstruosa expansión del narcotráfico; ¿seguiremos mirando hacia otro lado cuando las luchas entre las bandas, todas socias del kirchnerismo y de muchos de los jueces, nos lleven a la penosa realidad del México actual?
¿No nos da vergüenza que en Brasil ya haya habido 144 condenas de funcionarios, políticos y empresarios, que suman 1600 años de prisión, y más de 1700 investigaciones abiertas? El vergonzoso Juez Luis Rodríguez, otro indigno inquilino de Comodoro Py, se negó ayer a pedir el desafuero y la detención de Julio de Vido; uno de los reclamos que llevaremos a la calle lo tendrá como destinatario directo. Ya no llama la atención que nunca haya allanado la enorme y lujosa mansión que el ex Ministro posee en el country Puerto Panal –incluye una gigantesca pajarera-, en el cual es vecino de los también impunes Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice (su socio) y Fabián de Souza (socio de Cristóbal López), los dos últimos claros testaferros de Néstor y Cristina.
No pretendo, en ningún caso, englobar en la podredumbre a la totalidad de los magistrados, pues los hay muy buenos en todos los fueros y en todas las instancias y, en algunos casos, hasta son mayoría. Pero hay una dramática concentración de corrupción en la Justicia Criminal Federal, y grandes focos infecciosos en la Laboral, en la de Seguridad Social y, por supuesto, en la ordinaria Penal, que tanto ha servido a la delincuencia común.
Con una Justicia seria, independiente y rápida, todo será posible y, sin ella, nada lo será. Si los jueces actuaran conforme a la ley, el Poder Ejecutivo sería controlado en cada una de sus acciones, y podríamos reprimir eficientemente la corrupción de nuestros mandatarios, funcionarios y empresarios; con eso, cada una de las partidas presupuestarias iría a cumplir el objetivo previsto en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura. El delito disminuiría rápidamente, y esa seguridad cotidiana, que hemos perdido hace tantos años, volvería a ser una costumbre y recuperaríamos la normalidad en nuestras vidas.
Los conflictos gremiales y sociales se solucionarían con celeridad, ya que la sociedad entera confiaría en sus probos magistrados y obedecería, sin dudarlo, las sentencias que dictaran. Nuestros policías dejarían sus innegables vinculaciones con el crimen, y combatirían eficazmente el narcotráfico y los otros delitos graves. Las reglas se volverían inmutables y los inversores, tan desconfiados ellos, encontrarían innecesario establecer la jurisdicción extranjera para dirimir las diferencias en los contratos.
Es cierto que el Estado está en deuda con el Poder Judicial, y el crédito a favor de éste se prueba fácilmente con la cantidad de vacantes en juzgados y tribunales colegiados, con su infraestructura edilicia colapsada, con la gigantesca acumulación de papeles y con la obsolescencia de los medios informáticos puestos a su disposición. Todo eso depende del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, cuyo Presidente –Ricardo Lorenzetti- se ha visto beneficiado con el manejo de un enorme presupuesto.
Por eso, para manifestar nuestro descontento, mantener la presión cívica sobre los jueces y avisarles que nuestra paciencia se ha agotado el 3 de agosto nos concentraremos en la Plaza Lavalle (y, espero, en todas las capitales provinciales ante sus tribunales), donde tienen sus sedes la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Nunca lo he hecho, pero hoy le pido por favor que difunda esta convocatoria, sobre todo para que llegue a los jóvenes, tan ausentes el 20 de junio en Comodoro Py, ya que serán los directos beneficiarios de este cambio urgente que la Argentina exige.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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